UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
“EL INICIO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO EN LA PRETENSIÓN DE 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO” 
 
 
TESIS 
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL 
DE ABOGADO 
AUTOR: 
Bachiller: Luis Martín Moncada Machado 
ASESOR: 
Ms. Rubén Alfredo Cruz Vegas 
Trujillo– Perú 
2019 
 
N° Reg.:________ 
  
 
1 
 
 
 
DEDICATORIA 
 
El presente trabajo se lo dedico principalmente a Dios por darme fuerza para 
continuar en este proceso de obtener uno de los anhelos más deseados. 
 
A mis a mis padres Martin y Norma por el apoyo moral y económico que hasta el 
día de hoy me bridan, por formarme con principios y valores para ser una mejor 
persona, para mis hermanos Crithian y Ariana, decirles que sigan adelante en sus 
estudios, que sigan mejorando y brinden mejores satisfacciones a nuestra familia. 
Así también para Noemí, por enseñarme a ser cada día mejor, por la paciencia y 
por formar parte de mi vida. 
 
Agradecerle a mi gran amigo y profesor, Rubén Cruz por su apoyo en este trabajo 
por darme seguridad y confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
A MODO DE PRESENTACIÓN 
 
Señores Miembros de Jurado: 
 
             Según lo prescrito en el Reglamento de grados y títulos; y con el objeto de 
optar el título profesional de abogado, pongo ante ustedes el trabajo de 
investigación cuyo título es:  
 
“EL INICIO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO EN LA PRETENSIÓN DE 
RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO”  
 
El siguiente trabajo de investigación, realiza un análisis descriptivo de una 
institución que, lamentablemente, ha recibido poco tratamiento por parte de nuestra 
doctrina y jurisprudencia; nos referimos, pues a la prescripción extintiva; y, en 
específico al cómputo del inicio de esta y a su incidencia en un principio superior 
como lo es la seguridad jurídica. 
Esperamos de alguna manera, aportar con un granito de arena al estudio del 
presente tema.  
 
 
  El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
RESUMEN 
 
El tema de investigación gravita en torno al Artículo 1993° del Código Civil 
Peruano, en lo pertinente  a lo que establece: “La prescripción empieza a 
correr desde el día en que se puede ejercitarse la acción (…)”, a criterio 
nuestro, la investigación empieza por cuestionar la formula tomada por el 
investigador, por ser una formula demasiado abstracta, demasiada genérica, 
¿En qué sentido?. En el sentido que no se puede saber a ciencia cierta y 
objetivamente que significa o que nos quiso decir el legislador al momento de 
señalar  “DESDE EL DIA QUE PUEDE EJERCITARSE LA ACCION” , el 
presente estudio cuestiona esta fórmula adoptada por el artículo antes 
mencionado, ya que a criterio nuestro, y el cual que compartimos con otros 
doctrinarios en sede nacional, esta es una formula demasiado abierta, 
demasiado gaseosa, siendo que esta fórmula adoptada por el legislador deja 
la puerta abierta a múltiples interpretaciones en diversas pretensiones que se 
pueden presentar en un proceso judicial generando INCERTIDUMBRE 
JURIDICA  o INSEGURIDAD JURIDICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
DEDICATORIA i 
AGRADECIMIENTO ii 
A MODO DE PRESENTACIÓN iii 
  
CAPÍTULO 1.  06 
1.1. Problema  06 
1.1. Planteamiento del problema  06 
1.2. Enunciado del problema  12 
2. Hipótesis  12 
3. Objetivos  12 
3.1. Objetivo General  13 
3.2. Objetivos Específicos  13 
  
capítulo 2. Marco teórico   
Sub capítulo I. Estudio del decurso prescriptorio en el código civil 14 
peruano  
  
Sub capítulo II. La seguridad jurídica como pilar de un estado de  
derecho 25 
  
Sub capítulo III. La determinación del decurso prescriptorio en la    33 
resolución de contrato por incumplimiento y la seguridad jurídica   
.  
    38 
CAPÍTULO 3. Marco Metodológico  38 
3.1. Materiales  38 
3.2. Métodos  41 
3.3. Técnicas e instrumentos   
3.4. Procedimiento   
  
CAPÍTULO 4. Conclusiones y recomendaciones 42 
4.1. Conclusiones  44 
4.2. Recomendaciones   
 46 
Referencias bibliográficas   
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1. EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
Nuestro país, como todo Estado constitucional de Derecho; tiene entre 
sus principios bases al de seguridad jurídica; ello debido a que los 
ciudadanos deben saber, en todo momento, a qué atenerse en sus 
relaciones con los particulares y con el Estado. 
Este principio de seguridad jurídica puede entenderse como la 
confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y 
respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas 
válidas y vigentes. 
La seguridad jurídica se asienta también, sobre el concepto de 
predictibilidad, es decir, que cada quien sepa, de antemano, las 
consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos y de sus 
vinculaciones.  
En ese sentido, todas aquellas personas que se vinculan 
jurídicamente, requieren tener la certeza de dichas vinculaciones y de 
los efectos que de estas se derivan, es decir requieren contar con 
seguridad jurídica respecto de los derechos que adquieren y de las 
obligaciones que contraen (CAVANI. R. 2014)  
En ese mismo contexto, resulta imperioso mencionar que, si bien el 
principio constitucional de seguridad jurídica no se encuentra 
reconocido expresamente en nuestra Constitución, ello no ha 
impedido al Tribunal Constitucional reconocer en él a un principio 
constitucionalmente implícito que se deriva del Estado constitucional 
de derecho. 
Es por ello que en la mayoría de ordenamientos jurídicos positivos del 
mundo existan normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la 
6 
 
seguridad jurídica; en el caso peruano tenemos varias expresiones de 
este principio valor; tales como, la presunción del conocimiento de la 
ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de 
irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre 
otros…” 
De esta manera, el principio de seguridad jurídica está en la base de 
todo ordenamiento, y se traduce en la necesidad de que las 
situaciones jurídicas no se mantengan en estado precario todo el 
tiempo, con menoscabo del orden público y la paz social; de esta 
manera, la prescripción extintiva, como institución jurídica que viene a 
dar término a las situaciones jurídicas subjetivas en virtud de un plazo 
o término determinado (decurso prescriptorio), coadyuva en esta 
función primordial, en tanto que su objetivo primordial es ponerle fin a 
determinadas situaciones jurídicas e incluso a no estar supeditado a 
que en todo momento seamos pasibles de una sanción ordenada por 
un fallo jurisdiccional, es decir a no permanecer en una constante 
incertidumbre jurídica (ARIANO. E. 2012).  
De esto, se desprende que no conviene estimular situaciones en las 
que se genere inseguridad o incerteza en esas relaciones y, por eso, 
es un tema fundamental dentro de toda organización social. 
Así, la seguridad jurídica en sentido estricto, no precisa tener un 
determinado contenido, sino que bastará con la existencia de un 
conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas frente a 
ciertos hechos o actos, como sucede con la antes mencionada 
prescripción extintiva, la misma que permitirá ponerle fin a 
determinadas situaciones jurídicas en un tiempo igualmente 
determinado; pues piénsese en el hecho de que si causáramos daño 
derivado de una responsabilidad civil extracontractual a un tercero, no 
estaríamos supeditados a un espacio de tiempo indeterminado 
(incertidumbre jurídica) en el que dicho perjudicado nos podría 
7 
 
reclamar judicialmente una indemnización; pues, esto implicaría 
inseguridad jurídica (ÁVILA, H. 2011) 
Así pues, la incertidumbre de la que hemos hablado se puede 
presentar no solo porque la ley positiva no prevé con claridad un plazo 
prescriptorio, sino porque también, estableciéndolo, dicho plazo no es 
posible de determinarse; en ese contexto, entonces la 
indeterminabilidad del tiempo también puede consistir en la ausencia 
de poder precisar con exactitud y certidumbre desde cuándo y hasta 
cuando opera dicho espacio temporal de prescripción (momento inicial 
y momento final).   
Bajo este mismo pensamiento y como lo mencionáramos líneas arriba, 
la prescripción extintiva, es una de aquellas expresiones de la tan 
mencionada seguridad jurídica, ya que esta viene a ser una sanción al 
justiciable negligente que no ha hecho valer su derecho en el plazo 
establecido por ley (Cas. N° 603-2014 Callao).  
En ese sentido, la prescripción extintiva pone fin a determinadas 
situaciones jurídicas subjetivas (atribuciones, poderes, derechos, 
facultades, obligaciones, cargas, etc); y, ello permite a los sujetos de 
derecho no vivir indefinidamente en un ambiente de inseguridad e 
incertidumbre; pues, con el paso del tiempo los titulares de 
determinados derechos (más específicamente, de situaciones 
jurídicas subjetivas de ventaja) van a perderlos y no podrán ya 
reclamarlos; o, en todo caso, se les podrán fácilmente oponer una 
excepción de prescripción extintiva; todo esto nos lleva a formularnos 
una muy oportuna pregunta, ¿en qué tiempo se va a perder tal 
derecho?; pues, la respuesta está dada, en nuestro sistema jurídico 
civil, por el artículo 2001 del código civil; pues, es tal dispositivo el que 
prescribe cuál es el plazo que tiene todo ciudadano frente a otro para 
hacer valer determinado derecho (situaciones jurídicas subjetivas) en 
juicio; de lo contrario este último sujeto podrá fácilmente hacer valer la 
prescripción extintiva en vía de excepción (CAS. N° 1702-2015 Lima).  
8 
 
Sin embargo, lo afirmado hasta aquí, tendrá que ser cotejado con el 
artículo 1993 del mismo cuerpo normativo; y, ¿por qué?; pues porque 
de la concordancia de estos artículos (2001 y 1993 del Código Civil) 
se van a poder fijar el límite temporal inicial y final dentro del cual cada 
individuo puede hacer valer su derecho antes de que este se haya 
extinguido por el paso de la prescripción extintiva, nos referimos pues 
aquí, al decurso prescriptorio. 
En ese orden de ideas y para referirnos al límite temporal inicial, 
tenemos que el artículo 1993 del Código Civil Peruano prescribe que 
“la prescripción comienza a correr desde el día en que puede 
ejercitarse la acción (…)”. 
En tal sentido y como ya lo hemos dicho, el decurso prescriptorio es la 
sucesión continuada o acumulada del tiempo que debe transcurrir para 
que pueda oponerse con éxito la prescripción, de ahí que el inicio del 
decurso prescriptorio se inicia desde que la acción puede ejercitarse, 
para lo cual, es necesario que la acción haya nacido y que sea posible 
ser ejercitada. Se debe entender que la acción se pueda ejercitar pero 
que aún no se ha ejercitado. De acuerdo con lo estipulado en el art. 
1993 del CC (VIDAL RAMIREZ F. 1996). 
Así pues, lo previsto en el artículo 1993 hace bastante incierto 
determinar el momento inicial del decurso prescriptorio en diversos 
ámbitos del Derecho; sin embargo y a efectos de poner algunos 
ejemplos, pensemos en lo referente a los derechos de obligaciones; 
específicamente en el depósito voluntario sin plazo (art. 1832); 
¿Cuándo iniciará el decurso prescriptorio del derecho a obtener la 
devolución del bien? ¿Será desde el momento de la constitución del 
derecho o en el momento de la negativa de entrega? Igualmente, 
¿tratándose del derecho a provocar la anulación de un negocio jurídico 
resultante de un vicio de la voluntad? ¿La prescripción comenzará a 
correr desde que se descubre el error o el dolo, o cesó la violencia o 
desde la celebración del negocio? 
9 
 
Como sustento jurisprudencial de lo que hasta aquí venimos 
señalando lo tenemos en la reciente Casación N°1413-2016-Puno, de 
fecha 24 de noviembre del 2016, la misma que trae a colación la 
problemática sobre el inicio del plazo prescriptorio respecto a la acción 
de resolución de contrato por incumplimiento.  
En el contexto de la ejecutoria, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Republica ha expedido la Casación N.° 
1413-2016-Puno. En la cual analiza y resuelve el recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Adolfo Calatayud Ergueta, contra 
la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de San Román. Juliaca, 
Puno, la Sala declaran fundado el recurso y emite una decisión sobre 
el fondo, actuando en sede de instancia, con lo cual revoca la 
resolución apelada que había declarado fundada la excepción de 
prescripción y, reformándola la declara infundada. 
En el presente caso el demandante alega que vendió un inmueble a la 
demandada y que, pese a una serie de requerimientos que le ha 
hecho, aquella no cumple con pagarle el saldo del precio, lo que le 
faculta la resolución del contrato. La parte demandada deduce la 
excepción de prescripción, aduciendo que a la fecha de interposición 
de la demanda ha superado ampliamente el plazo que tenía el 
demandante para hacer valer su acción resolutoria. Por consiguiente, 
el demandante afirma que no ha ocurrido la prescripción extintiva ya 
que el plazo se tiene que computar a partir de la ocurrencia de la 
condición que las partes establecieron para que se realice el pago del 
saldo del precio, condición que estaba expresa en el contradocumento 
suscrito por las partes al día siguiente de firmado el contrato inicial, es 
decir el 12/07/1997. En dicho documento acordaron que el pago del 
saldo lo efectuaría la compradora una vez que concluya el proceso 
judicial de restitución del bien, siendo recuperado el 29/09/2009. 
En el caso específico encontramos que la Sala cae en un cúmulo de 
incongruencias, (siendo ella la llamada a sentar precedentes), ya que 
10 
 
no existe una concordancia respecto al inicio del cómputo del plazo de 
prescripción extintiva para el caso en mención, existiendo una duda 
entre la suscripción del contrato, afirmado en la escritura pública de 
compraventa, origen de la demanda o desde la condición establecida 
por las partes en el llamado contradocumento, firmado un día después 
del contrato. Afirmando además que no existen medios probatorios 
para determinar el plazo, siendo una afirmación carente de objetividad 
(BARCHI VELAOCHAGA. L). 
Lo grave de esta casación es la forma como ha resuelto este tema, 
pues ha manifestado que como en ese caso no es posible determinar 
con certeza el día que debió ejercitarse la acción (diez a quo), 
entonces no corresponde que se pronuncie sobre la excepción de 
prescripción extintiva deducida; sino que, debe pronunciarse sobre la 
cuestión de fondo. 
Como se puede advertir, este artículo 1993 viene generando, no sólo 
a nivel teórico sino también jurisprudencial, innumerables problemas 
de aplicabilidad; y ello, debido a que se acogen reglas tan vagas como 
las expresadas en el artículo mencionado, que bajo el cariz de ser una 
clara norma general no hace sino recrear viejos problemas, dando 
incertidumbre a la certidumbre que debería reinar en materia de 
prescripción, pues no cabe duda de que si no se sabe bien desde cuál 
momento se debe computar el diez a quo del plazo legal simplemente 
no podrá establecerse, a ciencia cierta, cuál será su diez ad quemo 
(ARIANO, E. 2011), lo que no hace sino acarrear manifiestamente una 
inseguridad jurídica absoluta.  
Por otro lado, y refiriéndonos estrictamente a la resolución del 
contrato, esta no incurre en el contrato mismo, sino en la relación 
jurídica que origina el contrato. Dicho de otra manera, el contrato es 
totalmente válido, lo que se busca es el cumplimiento de obligaciones 
por las partes. La resolución del contrato se da por defectos 
funcionales tales como el incumplimiento. También, la resolución del 
11 
 
contrato ocasiona la extinción del mismo, en virtud a acciones 
posteriores a la celebración, en el caso específico estamos hablando 
de incumplimiento. La resolución del contrato por incumplimiento se 
genera como un mecanismo de ejercicio de un poder de autotutela del 
sujeto (RIMASCA HUARANCA. A).  
De ahí que resulte manifiestamente relevante a efectos de determinar 
desde cuándo se debe iniciar el cómputo del decurso prescriptorio en 
la pretensión de resolución de contrato por incumplimiento conocer los 
elementos configurantes de una relación obligatoria; y, 
específicamente la exigibilidad de la prestación, lo que lógicamente 
nos llevará a tratar de desenmarañar la naturaleza misma de la 
prestación objeto del contrato; pues no es lo mismo la exigibilidad de 
una prestación de dar de hacer o no hacer; es más, no es lo mismo 
determinar la exigibilidad en una prestación de hacer instantánea o 
continuada; material o inmaterial; personal o personalísima; ya que 
todo ello coadyuvará a fijar criterios jurídicos claros para poder 
determinar el diez a quo del decurso prescriptorio, amén de poder 
determinar con absoluta claridad cuando deducir una excepción de 
prescripción extintiva; y, lo más importante es que los tribunales de 
nuestro país podrán determinar con absoluta claridad  cuando declarar 
fundada una excepción de este tipo; lo que conllevará a generar un 
ambiente de certidumbre y seguridad jurídica, derrotero fundamental 
del instituto de la prescripción.  
 
1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
¿De qué manera la norma general sobre el inicio del decurso prescriptorio, 
establecido en el artículo 1993 del Código Civil, referido a la pretensión de 
resolución del contrato por incumplimiento, genera incertidumbre jurídica? 
 
 
 
12 
 
2. HIPÓTESIS: 
 
La norma general sobre el inicio del decurso prescriptorio, establecido en el 
artículo 1993 del Código Civil, referido a la pretensión de resolución del contrato 
por incumplimiento genera incertidumbre jurídica, toda vez que esta norma no 
ayuda a determinar con certeza el momento inicial del plazo prescriptorio; por 
ello, la necesidad de regular los elementos como la posibilidad de exigibilidad de 
la prestación, la naturaleza de la prestación y quien es el sujeto que intenta la 
demanda. 
3. OBJETIVOS: 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
Determinar que la norma general sobre el inicio del decurso prescriptorio, 
establecido en el artículo 1993 del Código Civil, referido a la pretensión de 
resolución del contrato por incumplimiento genera incertidumbre jurídica. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Analizar los fundamentos doctrinarios y jurídicos de la seguridad jurídica 
en los procesos civiles. 
 Determinar la importancia del decurso prescriptorio en los procesos civiles. 
 Demostrar que el artículo 1993 del código civil es una fórmula legislativa 
nos es clara para determinar el inicio del decurso prescriptorio en la 
pretensión de resolución del contrato por incumplimiento generando 
incertidumbre jurídica. 
 
 
 
CAPÍTULO II 
SUB CAPÍTULO I 
13 
 
ESTUDIO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO 
1. NOCIÓN DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 
 
Es la actuación continuada o acumulada del tiempo que debe transcurrir para 
que pueda oponerse con éxito la prescripción, se cumpla el interés social que 
la inspira y que se cumpla en el fundamento que hemos dejado expuesto. 
El decurso prescriptorio se computa, como pasaremos a ver, desde el día en 
que puede ejercitarse una acción o la que es oponible a prescripción y hasta 
el último día del plazo. El decurso no es perentorio ni fatal, pues está sujeto 
a las vicisitudes que conforman las causales de suspensión o de interrupción. 
El decurso prescriptorio, en buena cuenta, se expresa en los plazos que fija 
la ley, los cuales, una vez cumplidos, permitirán que la prescripción produzca 
sus efectos. 
2. CARACTERÍSTICAS DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 
 
2.1   Tendencia suspensiva 
Consiste en el detenimiento del decurso prescriptorio una vez iniciado, esto 
es de la paralización del tiempo hábil para prescribir, por causas 
sobrevinientes al nacimiento de la acción, independientemente de la voluntad 
de los sujetos de la relación jurídica y siempre que estén previstas en la ley. 
2.2   Tiempo determinado para su acción 
La codificación civil ha tomado, por extensión de las reglas de la usucapio, la 
de la accesio temporis. Consiste en adicionar el tiempo que debe transcurrir 
para la prescripción, de modo que iniciado el decurso prescriptorio contra el 
titular del derecho subjetivo sigue corriendo contra sus sucesores 
3. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO INICIAL Y FINAL DEL DECURSO 
PRESCRIPTORIO 
 
14 
 
El inicio del decurso prescriptorio tiene lugar desde la acción que puede 
ejercitarse, esto es, desde la pretensión del titular del derecho subjetivo se 
plantea en su exigibilidad. Así lo establece el artículo 1993 del código civil 
que mantiene al principio romanista actio nata según el cual actioni nundun 
natae non praescribitur (Bermudez: 2005).  
El código civil ha adoptado el principio de la actio nata en la norma general 
contenida en su artículo 1993 “La prescripción comienza a correr desde el 
día en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores del 
titular del derecho". La norma está tomada del Anteproyecto del que fuimos 
autores, en cuya Exposición de Motivos explicamos que, con la fórmula que 
planteábamos, se pretendía introducir una regla general en virtud de la cual 
la prescripción comienza a correr cuando el derecho es exigible, es decir, 
desde el día en el que puede ejercitarse la acción, sin detenerse ante el 
cambio o modificaciones personales que puedan producirse respecto a la 
titularidad del derecho. Indicamos que resumíamos así la doctrina 
universalmente aceptada y que lo que pretendíamos, con una regla de 
carácter general, era evitar incurrir en una casuística como en la que incurrió 
el Código de 1936, más aún ante la grave dificultad de hacer previsiones 
integrales. 
 
El inicio del decurso prescriptorio, como venimos señalando, tiene lugar, 
pues, desde que la acción puede ejercitarse. A este aspecto, la doctrina ha 
planteado si se requiere o no que se haya producido una lesión o violación al 
derecho de la que emana la pretensión que quiere hacerse valer mediante la 
acción. Nosotros creemos que la respuesta debe darse según se trate de 
derechos absolutos o derechos relativos (Bermudez: 2005). 
Como hemos visto son derechos absolutos los que confieren a su titular un 
poder que puede hacerse valer erga omnes, que originan un deber negativo 
– un no hacer – contra todos, es decir, contra cualquiera de quien provenga 
la violación; de estos derechos surgen deberes jurídicos generales que se 
constituyen en una abstención. Son derechos relativos los que confirman a 
15 
 
su titular un poder que solo puede hacerse valer frente a una o varias 
personas, determinadas o determinables, a las que corresponde un deber 
positivo –un dar o un hacer – o un deber negativo –un no hacer-, por la que 
la correspondiente acción solo puede hacerse valer contra ellas, de estos 
derechos surgen deberes jurídicos particulares que pueden consistir en un 
dar, en un hacer o en no hacer. 
 
Atendiendo a los conceptos expuestos, en cuanto a los derechos absolutos 
de la acción solo nace cuando existe lesión o violación del derecho o, como 
expresa Ennecerus, cuando surge un estado que no es conforme al derecho 
absoluto, como puede ocurrir, siguiendo al Código Civil, con derecho 
personal, como cuando un heredero forzoso es preterido (art. 806); con los 
derechos reales como cuando el propietario es despojado (art. 923); o, con 
los derechos autorales, aun cuando en alguno de los casos expuestos, 
verbigracia, las acciones son impredecibles (HINOSTROZA: 2002). En 
cambio en los derechos relativos la acción nace en cuanto la prestación no 
es cumplida, dándose lugar a que el sujeto pretensor quede autorizado a 
emplear los medios legales a fin de que el deudor le procure aquello a que 
está obligado, o a procurarse la prestación o hacerla procurar por otro a costa 
del deudor, o a demandar la indemnización correspondiente, o a ejercer los 
derechos de su deudor, como ha previsto el art. 1219 del Código Civil. La 
acción nace, pues, desde el día en que puede ser ejercitada frente a un 
posible estado contrario al estado de iure constituida por la posición del titular, 
según expresión de León Barandarián, o frente al incumplimiento del deber 
iuris. 
Con la advertencia de que no todas las acciones están expuestas a su 
extinción por el transcurso del tiempo, la primera situación que vamos a 
considerar es la que resulta de una relación jurídica pura, cuyo deber jurídico 
es exigible desde que quedó constituida. Si el deber jurídico consiste en un 
dar o en un hacer, la acción nace desde el día mismo en que la obligación 
16 
 
fue contraída, como es el pago del precio en un contrato de compraventa o 
la prestación del servicio en una locación de servicios. Pero si el deber 
jurídico consiste en una abstención, en un no hacer, la acción nace desde el 
día en que se produce la contradicción al deber, como cuando alguien 
construye en terreno ajeno. 
 
Conforme al criterio expuesto, si la relación jurídica es modal por haberse 
constituido en base a una condición o a un plazo, la acción nace desde la 
verificación de la condición o el vencimiento del plazo, salvo que el 
beneficiario del plazo lo pierda por causa legal o convencionalmente 
establecida. Si la obligación fuera de tracto sucesivo, el inicio de la 
prescripción se dará al vencimiento de cada plazo. Y si se trata de 
obligaciones de capital con pago de intereses, el inicio de la prescripción se 
dará desde la fecha del último pago de intereses para tornar exigible el pago 
del capital. 
 
Ahora bien, si por lo general la acción nace como consecuencia de un hecho 
contrario al deber jurídico, debe tenerse en consideración hipótesis distintas 
como aquellas en las que el ejercicio de la acción está supeditado a una 
previa declaración de voluntad por parte del titular, como cuando el acreedor 
debe intimar o requerir a su deudor. En tales casos, como lo hace Coviello, 
habría que preguntarse si la prescripción comienza a correr desde que quedó 
constituida la relación jurídica o desde el requerimiento o la intimación. 
Creemos con el autor italiano que, en tal hipótesis, la prescripción se inicia 
desde la fecha del acto jurídico que dio lugar a la constitución de la relación 
jurídica porque desde ese momento dependía del titular del derecho verificar 
el acto preparatorio al ejercicio de la acción (HINOSTROZA: 2002).   
También deben considerarse hipótesis como las que conducen a impugnar 
el acto jurídico que da origen a la relación jurídica, en las que indudablemente 
la prescripción comienza a correr desde la celebración del acto jurídico, salvo 
que la ley establezca disposición contraria al respecto. La norma del Art. 1993 
17 
 
constituye, pues, por todo lo expuesto, una de carácter general que precisa 
el inicio del decurso prescriptorio, a la que deben adaptarse las múltiples y 
variadas hipótesis que pueden plantearse como resultado de la complejidad 
de las relaciones jurídicas y de las causas que las generan, pero por cuestión 
surge y es si la prescripción comienza a correr con prescindencia de si el 
pretensor tiene o no conocimiento de la posibilidad del ejercicio de la acción.  
La norma del Art. 1993 constituye, pues, por todo lo expuesto, una de 
carácter general que precisa el inicio del decurso prescriptorio, a la que 
deben adaptarse las múltiples y variadas hipótesis que pueden plantearse 
como resultado de la complejidad de las relaciones jurídicas y de las causas 
que las generan. 
Es conveniente reparar que el art. 1993 hace referencia "al día" en que puede 
ejercitarse la acción. Debe entenderse, entonces, que debe tratarse de día 
hábil ya que debe ser un día en que sea posible recurrir a un órgano 
jurisdiccional, y sin que pueda entenderse como un día natural, pues "el día" 
en que la acción puede ejercitarse termina al concluir la atención del órgano 
jurisdiccional. 
El decurso prescriptorio queda cumplido y finalizado al transcurrir el plazo 
establecido por la ley y se computa desde el día en que podía ejercitarse la 
acción hasta el vencimiento del último día de plazo. En el decurso 
prescriptorio se computa todo el tiempo transcurrido, comprendiéndose los 
días hábiles y los inhábiles pues ambos se integran al plazo a cuyo 
vencimiento queda cumplido. El transcurso del tiempo se entiende como 
tiempo hábil esto es hábil para la prescripción comprendiéndose tanto como 
el anterior como el posterior de la aparición de una causal de suspensión 
(Bermudez: 2005), aunque sin computarse el decurso prescriptorio mientras 
estaba suspendido, siendo hábil también el transcurso de tiempo posterior a 
la aparición de una causal de interrupción, salvo que la misma resulte 
ineficaz, en cuyo caso quede sin efecto la interrupción anteriormente se 
computa como hábil, o se trate de un proceso judicial que culmine con 
18 
 
resolución ejecutoria, en cuyo caso se inicia un nuevo decurso, aunque no 
ya de prescripción sino de caducidad, si se trata de un actio iudicati. 
 
4. IMPORTANCIA DE DETERMINAR EL DECURSO PRESCRIPTORIO 
La importancia de determinar el decurso prescriptorio radica en el derecho 
de oposición, puesto que se estaría rechazando a la prescripción, esto 
permite justificar y hacer ver al juez por qué no debería de prescribir el 
proceso justificando de manera idónea y así evitando la prescripción y con 
ella el revolvimiento del conflicto intersubjetivo de interés, ya que no se 
estaría resolviendo la pretensión por la cual se acudiría al órgano 
jurisdiccional. También recae en que permite que la prescripción produzca 
sus efectos. 
5. SUSPENSIÓN E INTERRUPCION DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 
5.1   Suspensión  
Por las causales de suspensión como las de interrupción el decurso 
prescriptorio ya iniciado contra la pretensión que nace del ejercicio del 
derecho de acción se puede alterar; estas se van a distinguir porque lo 
detengan mientras se den para que luego siga en continuidad el decurso 
cuando desaparezcan las causas sumándose el transcurso anterior a la 
aparición de la causal. 
Según Ramírez, pueden entender como “Vicisitudes que son notas 
características del decurso de prescripción” (Ramírez: 2002) 
5.1.1 Causales de suspensión 
Se va a suspender un decurso prescriptorio (paralizar el tiempo para 
prescribir), cuando esté generado por causas señaladas en la ley y 
desarrolladas sin voluntad de las partes, estas van a sobrevenir al 
nacimiento de la acción, pero siempre conservando la eficacia del tiempo 
transcurrido hasta la aparición de la causa y desaparecida esta causa se 
reanudará la prescripción adicionándole el tiempo conservado. 
19 
 
Deben estar previstas por ley; son ocho las enumeradas en el código civil 
en su artículo 1994° 
a) Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes 
legales 
Está orientado a la incapacidad en la cual estos deben tener sus 
representantes legales para que puedan accionar y para llevar a cabo el 
ejercicio de sus derechos, esta “constituye una fórmula de protección” 
(Ramírez: 2002). 
b) Entre los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de 
gananciales 
Esto se da porque solo en la vigencia de régimen de la sociedad de 
gananciales y cuando se trate de comunidad de bienes la cual plantea 
que si se existe una relación jurídica de naturaleza patrimonial entre los 
cónyuges el decurso prescriptorio se suspende; también se da en casos 
en que habiendo optado por el régimen de separación de patrimonios 
este sustituya por el régimen de sociedad de gananciales. 
c) Entre las personas relacionadas concubinariamente  
Se da porque en las personas relacionadas concubinariamente generan 
un patrimonio común pues el inc 3 del art 1994 remite el art 326 de 
Código Civil sobre – la unión de hecho1 
d) Entre los menores y sus padres o tutores, durante la patria potestad 
o la tutela 
Porque los padres o el tutor no pueden prescribir en su favor los bienes 
que se encuentre bajo su tutela o patria potestad, ya que son de los 
menores, no tienen la potestad de ejercitar su derecho 
                                                             
1 ART- 326- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 
libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los 
del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, 
en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años contínuos. 
20 
 
e) Entre los incapaces y sus curadores durante el ejercicio de curatela  
“El incapaz ajo curatela, no puede entablar acción contra sus 
representantes ni estos contra ellos, pues Hay una posibilidad de hecho 
para que antes que cese la guarda pueda entablar se la acción contra el 
representante legal ya que sólo podría ser en tablada por el propio 
representante que es el único que ejerce la personería Civil del incapaz 
representado”. 
f) Durante el tiempo que transcurra entre la petición y el del curador de 
bienes 
La curatela de bienes se da cuando una persona desaparece o se 
ausenta de su domicilio ignorando su paradero, en este caso conforme 
al artículo 50 se da la posición temporal de los bienes a quiénes pueden 
ser sus Herederos forzosos y a falta de persona con esta calidad la 
curatela hasta el regreso del ausente o hasta que se compruebe su 
muerte o se declara judicialmente muerte presunta. 
g) Entre las personas jurídicas y sus administradores mientras estos 
continúen en el ejercicio del cargo 
Esta se lleva a cabo Por qué se considera necesario modo de proteger 
los derechos y el patrimonio de entes abstractos, el cual tiene una 
existencia por lo que no pueden quedar expuestos a los abusos de 
quienes administran sus bienes. 
h) Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano 
No sólo el hecho de que se realice la acción, sino que además pudiera 
ejercitarse porque encontrándose en territorio extranjero no le era 
imposible acudir a su jurisdicción nacional. Si la prescripción se inicia 
desde el día en que puede ejercitarse la acción resulta entonces 
plenamente justificado que el decurso prescriptorio debe detenerse 
necesariamente al titular del derecho le es imposible acudir a sus propios 
órganos jurisdiccionales. 
 
21 
 
5.1.2 Efecto de la suspensión 
Su efecto es impedir el transcurso del plazo prescriptorio hasta que 
desaparezca la causa que produce la suspensión. Cómo es señalado en 
el artículo 1995 del código civil; una vez terminada la suspensión y se 
reanuda su curso se le adicionará el tiempo transcurrido anteriormente 
de la causal de suspensión. Existe una excepción en la que la suspensión 
es significar señalada por el artículo 1997 del código civil que establece" 
la suspensión de la prescripción respecto uno de los deudores o 
acreedores solidarios no surte efecto para los demás..." 
5.2 Interrupción 
En ésta se da la prisión de una causa que produce el efecto de inutilizar el 
tiempo del cómputo de la prescripción. Es decir, va a quedar sin efecto el 
decurso prescriptorio y sólo podrá reiniciarse a partir de la desaparición de la 
causa sin que pueda computarse el tiempo anteriormente transcurrido. Así 
es como (Enneccerus, Tratado de Derecho Civil. T. I. PARTE GENERAL) 
precisa "La prescripción queda impedida de modo que hace inútil el tiempo 
transcurrido antes de producirse la causa interruptiva pudiendo los humo 
iniciarse un nuevo plazo de prescripción luego de desaparecida la causa" 
5.2.1 Las causales de interrupción 
Esta se produce cuando ya se inició el decurso prescriptorio es decir que 
existe una manifestación de voluntad del propio titular de la pretensión 
que origina su derecho para hacerla valer. El código civil en su Artículo 
1996 del código civil enumera 4 causales. 
a) El reconocimiento de la obligación 
En cualquiera de las formas en que se manifieste el reconocimiento de la 
obligación. El acto jurídico que confirma el reconocimiento de la obligación, 
sea inter vivos o mortis causa es un acto unilateral recepticio no requiere que 
la voluntad del obligado se exprese y se dirija a la persona del pretensor. - 
tiene la finalidad de integrar un vacío, en razón de que la intimación es el acto 
interpretativo por excelencia. 
22 
 
 
b) La intimación para constituir en mora al deudor  
correspondiente a la ejecución de la obligación que respecto al deudor que 
su constitución en Mora lo hace responsable de los daños y perjuicios que el 
retraso el cumplimiento de su obligación aun cuando ella obedece a causas 
que no le sea imputable. 
c) La citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al 
deudor aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente 
 
Esta se da cuando se interrumpe a la notificación de la demanda o cualquier 
otro recurso actuado que aparece notificación cómo puede ser el 
emplazamiento de la demanda si para un embargo preventivo u otra medida 
cautelar que se haga valer ante un órgano jurisdiccional. 
d) La oposición judicial de la compensación  
El artículo 1288 señala “por la compensación se extingue las obligaciones 
recíprocas, líquidas, exigibles posibles y homogéneas hasta donde 
respectivamente alcancen, desde que hayan sido puestas la una a la otra 
la compensación no opera cuando el acreedor y el deudor la excluyen de 
común acuerdo" Su oponibilidad puede hacerse valer en vía de 
contradicción o envía de reconvención pues debe entenderse como un 
medio de extinción de la obligación cuyo cumplimiento se demanda 
judicialmente.  
 
5.2.2 Efectos de la interrupción 
 
El efecto fundamental de la interrupción es que se vuelve eficaz el tiempo 
transcurrido y da inicio a un nuevo período prescriptorio; el efecto de la 
interrupción puede ser individual o colectivo según la naturaleza de las 
obligaciones; pero hay que recordar que el reconocimiento de deuda por 
23 
 
uno de los deudores solidarios no produce efecto respecto a los demás 
codeudores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
24 
 
SUB CAPÍTULO II 
LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO PILAR DE UN ESTADO DE DERECHO 
1. Noción de seguridad jurídica.  
Según Ossorio nos dice que “la seguridad jurídica es esencial en el 
Derecho puesto que ayuda a mantener el orden público y la paz entre las 
partes intervinientes en un proceso, haciendo que ambas puedan ejercer 
su derecho de defensa” (OSSORIO: 2006). 
La seguridad jurídica va a permitir establecer cuál es el límite, las 
facultades y derechos que posee los poderes públicos; siendo necesaria 
para la estabilidad de los derechos de las partes. 
Antonio Pérez Luño ha señalado que “la seguridad jurídica busca que la 
estructura del ordenamiento sea justa y por ende su funcionamiento” 
(PÉREZ: 1991). 
Según Gregorio, “la seguridad jurídica cumple la función de “ayudar a 
limitar el voluntarismo de poder y a crear sensación de libertad en los 
ciudadanos. Es, por consiguiente, una dimensión esencial para la 
cohesión social, para la adhesión y el acuerdo de la ciudadanía con su 
sistema político y jurídico”. (Gregorio: 2003, p. 81) 
2. Características.  
 Presente en un Estado de Derecho 
 Buscan la estabilidad pública o privada de ser el caso 
 Bien social: las personas buscan una estabilidad en las reglas 
jurídicas. 
 Exista compatibilidad: no halla contradicciones internas. 
 Principio general: abarca la equidad y buena fe 
 
25 
 
3. IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD JURIDICA  
La seguridad jurídica es un principio básico de todo ordenamiento jurídico 
que busca respeto, certeza y confianza en una sociedad con respecto a 
la correcta funcionalidad de las normas jurídicas del estado; y 
consecuentemente cumplirlas y respetarlas; así como también asumir 
futuros cambios a los que estas pueden ser sometidas. (Ortecho Villena, 
1999) 
Según Mario Alzamora Valdez citado en (Ortecho Villena, 1999: p. 43), 
“la seguridad jurídica está enfocada a ciertas condiciones que se deben 
cumplir dentro de la sociedad para el logro de sus fines”. 
La seguridad jurídica hace referencia, “que existen las relaciones entre 
sus miembros discurren habitualmente sin violencia y en que cada 
individuo está protegido contra las agresiones de los demás” (Albar 
Ramos, 1982), por lo tanto en un sociedad con violencia es necesario 
que se tutelen los derechos de las personas. 
Entonces la seguridad jurídica está vinculada con el derecho porque a 
través de este surge la norma jurídica, por lo tanto, tiene gran importancia 
porque esta genera que la justicia sea eficaz y brinde una mayor 
protección a la sociedad, con el fin de alcanzar el bien común y 
posteriormente sirva como un instrumento de paz, orden obteniendo 
estabilidad jurídica. Podríamos decir que; La seguridad jurídica es una 
garantía para que ningún individuo sea despojado de sus derechos, 
bienes y demás atributos, según Ossorio (1974) “refiere que tiene que 
ver bastante con la arbitrariedad ya que pueden existir abusos 
provenientes de las autoridades hacia la sociedad o entre ellos mismos, 
por ende lo que se busca es una protección de los derechos vulnerados; 
así como también, que dichos derechos no sean alterados y atenten 
contra la sociedad” 
26 
 
Siguiendo el mismo sentido; podríamos decir que la justicia tiene ideas 
compatibles con la seguridad jurídica; ya que ambas; tienen como 
propósito la “protección”, por ende, se encuentra inmersa como un valor 
que coadyuva al cumplimiento de la norma jurídica dentro de una 
sociedad, generando respeto y utilidad, caso contrario a estos fines 
tendría que reprimirse al infractor. 
En conclusión, la Seguridad Jurídica es un método de confianza y justicia 
que se aplica a todos sus destinatarios con el fin que se obtenga una 
certeza y orden para debida tutela de los individuos. 
4. INSTITUCIONES VINCULADAS A LA SEGURIDAD JURIDICA  
Las instituciones son las que marcan la existencia, vigencia y 
cumplimiento de las normas; por ende, son las defensoras de la 
Seguridad Jurídica es decir en defensa de los derechos de los 
ciudadanos reconocidos por la Constitución Nacional y demás Normas 
del ordenamiento Jurídico, por el Poder Judicial, el control del Poder 
Ejecutivo por parte del Legislativo y la correcta aplicación de las leyes por 
parte del Ejecutivo. 
 La cosa juzgada.- “La seguridad jurídica es la confianza que el derecho 
les concede a los justiciables en la administración de justicia a través 
de la cosa juzgada, la cual es invariable o inmutable, pertinente, 
oportuna, incluyente, eficaz y plena, por ello tiene validez un caso en 
concreto”. (Gonzáles Linares) 
La cosa juzgada tiene como objeto dar una plena garantía a casos 
específicos de una sentencia injusta dando acceso a la justicia para 
dar una eficaz y validez a casos que rigen un proceso judicial. 
 La irretroactividad de la ley.- “la seguridad jurídica imposibilita la 
aplicación retroactiva de la ley (salvo en materia penal, cuando 
favorezca al reo), quiere decir que la seguridad jurídica exige la 
aplicación inmediata de la ley a partir del momento de su vigencia y 
con el efectos para el futuro”. (Gonzáles Linares). 
27 
 
 Entonces la irretroactividad solo reconocerá leyes que entren vigencia 
y tengan consecuencias futuras sobre un hecho. 
 La prescripción. La seguridad jurídica en el instituto de la prescripción 
funciona en el orden sustantivo a través de la prescripción adquisitiva 
de propiedad, y en lo procesal como liberatoria o extintiva. 
 La Prescripción Adquisitiva-. En nuestro ordenamiento 
jurídico se encuentra en el C.C en el Artículo 950.- “La 
propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la 
posesión continua, pacífica y pública como propietario durante 
diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo 
título y buena fe”. 
Lo que se busca es que se reconozca al propietario de un 
inmueble o de un mueble a aquel que lo tuvo y que lo haya 
tomado como dueño, durante el plazo que la ley lo indica; por 
lo tanto, se protege al propietario posesionario por 10 años así 
haya actuado de mala fe, la ley lo ampara por el tiempo en el 
dominio y puede pedir el título de dicha propiedad. 
Según Álvarez Caperochipi, “algo más que un mero medio de 
prueba de la propiedad o un mero instrumento al servicio de la 
seguridad del tráfico, es la identidad misma de la propiedad 
como investidura formal ligada a la posesión”. 
 La prescripción Extintiva. – Es una institución creada por el 
derecho ya que esta otorga al deudor de una relación jurídica 
patrimonial el derecho de no pagarle al acreedor; esta ley 
genera un “medio de defensa” que no extingue ni el derecho ni 
la acción. Según (VIDAL RAMIREZ, 1996), señala que “la 
acción como poder jurídico de acudir a la jurisdicción siempre 
con derecho (material) o sin él; con pretensión o sin ella, pues 
todo individuo tiene ese poder jurídico, aun antes de que nazca 
su pretensión. 
28 
 
En conclusión, es un derecho que inherente al ciudadano que 
no puede extinguirse con el paso del tiempo cuando se tiene la 
posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional y de poder 
accionar. 
 
5. LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN PERUANA  
La comprensión plena de normas, principios e instituciones, dirá Burdeau2, solo 
pueden lograrse si se examinan su razón de ser en la práctica, su significación 
social y humana, es decir, aquellos lazos diversos y misteriosos que los unen a 
una mentalidad, a un modo de vida, a un tipo de cultura, a un estado social. 
(VILLARROYA: 1974, pp. 437-443) 
Entonces, “si partimos de la idea básica que la Constitución de un estado 
representa su organización institucional establecida desde su fundación y 
desarrolla en su evolución (punto de vista material) y particularmente su 
normatividad básica contenida en su carta fundamental, es decir, su 
ordenamiento jurídico constitución (punto de vista formal), debemos admitir que 
esta realidad jurídica institucional, que en buena parte se ha admitido como una 
especie de pacto social y en gran parte como producto de las conquistas políticas 
y sociales, tal Constitución, se convierte en una amplia y global garantía de vida 
y funcionamiento de una determinada sociedad”.  (ORTECHO: 1999, p. 25) 
Si en estos precisos momentos cogiéramos nuestra Constitución Política nos 
daríamos con la sorpresa de que el principio de seguridad jurídica no se 
encuentra regulado de manera expresa y literal.  
Esto no quiere decir que no ha sido considerado importante, lo que pasa, es que 
dicha figura se encuentra de forma intangible en todas las normas que conforman 
el ordenamiento jurídico, por ende, se creyó que no era necesaria su regulación.  
                                                             
2 Georges Burdeau: “Traité de Science Politique”, tomo I, 2a. ed., pág. 4. Cit. por Joaquín Tomás Villarroya: 
“El jurista ante la nueva Ciencia Política”, en el colectivo “Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Santa 
Cruz Teijeiro”, Valencia, 1974, págs. 437 y sigs.; en concreto, pág. 443. 
29 
 
Así pues, el Tribunal Constitucional, manifiesta que “…la seguridad jurídica es un 
principio que transita todo el ordenamiento, incluyendo desde luego a la Norma 
Fundamental que lo preside. Su reconocimiento es implícito en nuestra 
Constitución…”3 
Gracias a la seguridad cada cual adquiere una íntima condición: sabe que sus 
derechos no serán desconocidos ni alterados sino por mandato de una regla justa 
que provenga de quienes ejercen legítimamente autoridad. (Alzamora: 1976, p. 
317) 
En términos generales, “una persona siente seguridad, cuando está exenta de 
peligros o confía en que el Estado o las autoridades ofrecen un sistema de 
protección razonable. El ciudadano tiene la convicción que lo que se hace 
legalmente va a ser respetado por el Estado y los particulares”. (ORTECHO: 
1999, p. 30) 
Siempre que se hace referencia o se trate de cualquier tipo de seguridad 
(personal, social, pública, nacional, jurídica), es porque “existe de por medio 
peligro o riesgos que hay que confrontar y que exigen la toma de medidas para 
enfrentarlos, evitarlos o cuando menos amenguarlos. Tales riesgos, que pueden 
provenir de los excesos del poder de los órganos del Estado o del abuso de los 
particulares, cada vez son mayores y, por tanto, se hace exigible garantizar con 
más eficacia a las personas y a las instituciones más débiles”. (ORTECHO: 1999, 
p. 30) 
5.1. ORGANISMOS QUE DEBEN PRODUCIR SEGURIDAD JURÍDICA  
Los organismos encargados de brindar seguridad jurídica, son el Poder 
Judicial y los Tribunales Constitucionales. 
El primero, porque tiene como finalidad administrar justicia, es así, que en cada 
decisión que se tome, a fin de resolver un conflicto o una incertidumbre con 
carácter jurídica, es obligación de los magistrados el de fundamentarlas 
                                                             
3 Sentencias de fechas 30 de Abril y 04 de Julio de 2003, publicadas en el diario oficial E l Peruano con 
fechas 15 de Mayo y 31 de Agosto de 2003. 
30 
 
debidamente, dando así la seguridad jurídica tanto a las partes como a los 
ciudadanos en general. 
En la práctica, el Poder Judicial, por falta de independencia no siempre ha 
producido seguridad jurídica, particularmente en estos últimos años, “cuando 
bajo el paraguas de una llamada Reforma del Poder Judicial, el poder político 
ha mantenido más subordinados que nunca a los órganos jurisdiccionales, no 
solamente dejando la administración de justica  en manos de jueces y 
magistrados provisionales y sin ninguna estabilidad, sino también porque se 
ha intervenido este poder con las llamadas comisiones ejecutivas del Poder 
Judicial y Ministerio Publico”. (ORTECHO:199, p. 32) 
Por otro lado, la seguridad jurídica también está siendo brindada por medio de 
los Tribunales Constitucionales, poniendo fin a diversos conflictos, siempre y 
cuando estos sean de carácter constitucional. Y a diferencia del Poder Judicial, 
también pasa por problemas, pero estos tienen relación con los encargados 
de impartir la justicia, pues muchas veces no se encuentran capacitados para 
las funciones que ejercen, de tal modo que no pueden interpretar 
correctamente las normas y como resultado terminando vulnerando incluso a 
la misma Constitución.  
Sin embargo, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no son los únicos 
encargados de generar seguridad jurídica, sino también el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo. El primero dice Sagüés, mediante una leal aplicación de 
las leyes y un apoyo adecuado al Poder Judicial (SAGÜÉS: 1996). El segundo, 
produciendo seguridad legislativa con leyes claras, informando 
periódicamente cuáles están en vigor y cuáles no; negando efecto retroactivo 
a las leyes, no delegar con frecuencia la labor legislativa al Ejecutivo u que en 
todo caso se convaliden las leyes producidas por delegación. (ORTECHO: 
1999, p. 33) 
La inseguridad jurídica en el Poder Ejecutivo se presenta cuando el presidente 
de la República, quien se encuentra al mando, por conveniencia política o para 
favorecer a terceros, emite normas que desnaturalizan las leyes. Ante esto, se 
31 
 
podría hablar de un tipo de corrupción política, donde los intereses de 
particulares están por encima de los intereses generales.  
Por su parte, el Poder Legislativo, también desnaturaliza las normas y de igual 
manera que el Poder Ejecutivo, lo hace para satisfacer intereses particulares. 
Un ejemplo de ello ha sido el de la Ley Nº 26657, llamada Ley de interpretación 
auténtica del artículo 112º de la Constitución, que abrió paso a que los 
presidentes pudieran ser reelegidos.  
Además, los llamados órganos descentralizados también pueden producir 
seguridad jurídica, aquí tenemos a los gobiernos regionales y los gobiernos 
locales, quienes deben realizar sus actos administrativos según lo establecido 
por la Ley. 
Incluso, el Sistema Electoral, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio 
Publico, pueden producir este tipo de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
SUB CAPÍTULO III 
LA DETERMINACIÓN DEL DECURSO PRESCRIPTORIO EN LA RESOLUCIÓN 
DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO Y LA SEGURIDAD JURÍDICA  
1.- La Resolución de contrato por incumplimiento en nuestro sistema jurídico:  
La ineficacia del acto jurídico es todo aquello que tiene como consecuencias 
que el negocio jurídico no surta sus efectos; la ineficacia en sentido general 
tiene dos modos, la primera es ineficacia estructural y la segunda ineficacia 
funcional; donde la primera es a causa que se presentan en el momento de la 
celebración del acto jurídico, es decir en la formación del acto jurídico; mientras 
la ineficacia funcional es después de la formación del acto jurídico por causas y 
circunstancias objetivas externas de carácter económico, social, moral; etc. 
Siendo estas las causas directamente relacionados con los intereses 
particulares de ambas partes, teniendo como consecuencia que la voluntad de 
negociar se pierda y extinga; y la norma lo ha sancionado con los remedios, en 
los cuales tenemos a la resolución.  
La figura del remedio puede ser legal o convencional; se puede dar por que 
ambas partes contratantes lo pactaron o declarada por el juez según nuestras 
normas jurídicas (Rimascca Huarancca, 2017: p. 25 y ss). 
La resolución del contrato no es el contrato directo, es la relación jurídica que 
se da a causa del contrato, por lo tanto, no se cuestiona la validez del contrato; 
sino que el cumplimiento de las obligaciones debe ser lo acordado por las partes 
contratantes. 
Entonces es por ello que el remedio es principalmente la figura en la ejecución 
del contrato y no en si la misma celebración del contrato, el remedio no está 
normado para cuestionar los defectos que existan en estructura del negocio 
jurídico entre las que tenemos la ausencia de un elemento y requisito del acto 
jurídico mismo; sino, los defectos funcionales de origen convencional como el 
incumpliendo de tal contrato. 
33 
 
La resolución del contrato tiene como consecuencia la extinción del mismo 
contrato siendo posterior a la celebración; y este puede ser imputable solo a 
una parte por lo tanto estaríamos hablando del incumplimiento. 
Entonces podemos decir que la resolución del contrato es la disolución de la 
relación contractual existente y teniendo como consecuencia dejar sin efecto al 
contrato, por lo tanto no va a tener consecuencias posteriores y todo será como 
antes de su celebración (Borda, 1999: p. 227); las obligaciones que existan 
entre las partes deben ser canceladas junto con la obligación y restituir las 
prestaciones recibidas, no se trata de devolver sino de que todo sea como antes 
de la ejecución del contrato para ambas partes; llegando a la conclusión que los 
efectos son parecidos a la nulidad del acto jurídico; con la diferencia que esta 
figura legal es después de la celebración del contrato de acuerdo al Art. 1371 
de nuestro código civil en la cual redacta lo siguiente: “la resolución deja sin 
efecto un contrato válido por causar sobreviniente a su celebración”. 
La resolución del contrato por causa de incumplimiento se da por un mecanismo 
de un poder de auto tutela del sujeto, siendo también un remedio para la 
supuesta  continuación de tal relación jurídica o el incumplimiento ya de tal 
contrato que sea imposible por el incumplimiento de una de las partes del 
contrato; siendo esta después de la formación del contrato, cuando nos 
referimos a resolución del contrato por incumplimiento hablamos del 
cumplimiento de ambas partes según lo pactado en el contrato pero una parte 
no está cumpliendo o no ejecuta el contrato; siendo motivo para que una parte 
pida la resolución del contrato, también pudiendo pedir por daños y perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento de cierta prestación acordada (Rimascca 
Huarancca, 2018: p. 44 y ss). 
La resolución del contrato es la sanción para la parte que no está cumpliendo 
con lo pactado, siendo también un beneficio reconocido como remedio para 
beneficiar y liberar al sujeto que está cumpliendo parte del contrato, teniendo 
como solución por realizar otro contrato en cual si pueda obtener lo que la parte 
34 
 
desea sin verse perjudicado; la parte incumplidora va a obtener una sanción por 
no cumplir lo pactado. 
En nuestro ordenamiento jurídico existen tres mecanismos que ayudan a la 
resolución del contrato por incumplimiento (Rimascca Huarancca, 2018: p. 44 y 
ss):  
a) La resolución judicial regulada en el artículo 1428 del código civil. 
b) La resolución por intimación o por autoridad del acreedor regular en el 
artículo 1429 del código civil. 
c) La resolución por cláusula expresa regular 1430 del código civil. 
La primera es la que se declara judicialmente mientras las otras son 
extrajudiciales; siendo procedimientos entre las partes sin una autoridad judicial. 
2.- Presupuestos De La Resolución Por Incumplimiento. 
En nuestro código civil, en el Art. 1428 nos da los requisitos para el ejercicio de la 
resolución por incumplimiento (Vega Espinoza, 2018: p. 81): 
1. La existencia entre las partes de una relación obligatoria 
2. El carácter sinalagmático u obligaciones recíprocas 
3. Que el demandado haya incumplido su obligación 
4. La parte que solicita la resolución, no haya incumplido las obligaciones que 
le concernía. 
2.- La Prescripción extintiva como mecanismo de seguridad jurídica en la 
resolución por contrato. 
Nuestro sistema normativo protege y tutela los derechos subjetivos, pero 
tampoco ampara el desinterés y abandono del titular; ya que esto es contrario 
al orden y la seguridad jurídica; siendo regulado en nuestro ordenamiento 
jurídico de la prescripción extintiva en los artículos 1989 y otros de nuestro 
código civil; en el cual nos dice que la prescripción extintiva es una institución 
jurídica en el cual en cierto tiempo regulado se extingue los derechos que pueda 
exigir un sujeto ante lo legal, en el cual existe la despreocupación por parte de 
35 
 
la parte afecta para hacer valer su derechos durante el tiempo que establece la 
ley. 
La prescripción extintiva requiere de dos elementos: la inacción del titular y el 
tiempo pactado por la ley (Rimascca Huarancca, 2018: p. 48 y ss). 
El derecho de prescripción viene a ser un derecho subjetivo, basado el orden 
público, con interés social; pero cuando la prescripción ha sido adquirida ya se 
convierte en un interés privado, siendo materializada mediante la excepción de 
prescripción extintiva. 
El plazo fijado según nuestro ordenamiento jurídico para la resolución de un 
contrato es el ordinario de 10 años, regulado en el Art. 2001, inc.1 del código 
civil peruano, para ejercicio de acciones personales, contando desde el día que 
se cumple la contraprestación de acuerdo al Art. 1993 del código civil que señala 
lo siguiente “la prescripción comienza a correr desde el día en que puede 
ejercitarse la acción y continúa contra los Sucesores del titular el derecho”; la 
acción de la resolución judicial es el día que deba cumplir la contraprestación y 
si está sujeta a modalidades del negocio jurídico se dará desde que el hecho 
futuro e incierto sea verificado (Borda, 1999: p. 227). 
Pero los plazos ordinarios de prescripción de las acciones personales y en caso 
de resolución pueden suspenderse o interrumpirse; lo cual se debe interpretar 
como un transcurso del plazo; mientras exista la causa de suspensión debe 
existir una pausa en el plazo; el tiempo no debe correr si no que se tiene que 
detener y cuando no exista esta causal el plazo de prescripción continua con su 
avance, al cual se le sumara el tiempo antes acumulado. 
También se puede dar la interrupción del plazo prescriptorio por hechos 
sobrevinientes a una nueva acción y con manifestaciones de la voluntad del 
prescribiente o del propio titular del derecho, inutilizando el tiempo transcurrido 
hasta la aparición de la causa interrumpida y por lo que a fojas cero el conteo 
del plazo prescriptorio reinicia, al respeto   es el artículo 1996 del código civil la 
36 
 
norma que establece las causales bajo las cuales se configura la interrupción 
de la prescripción (Rimascca Huarancca, 2018: p. 48 y ss).  
4.- La Resolución Como Remedio Contractual 
Tiene su origen en el Derecho francés y es una condición que está insertada en 
todos los contratos; pero en los siglos XIX y XX; la doctrina francesa cambió la 
calificación por incumplimiento como condición tácita, pero en la actualidad la 
clasifican como remedio para el incumplimiento de ciertos contratos que necesitan 
intervención judicial (Vega Espinoza, 2018: p. 77 y ss). 
EL remedio contractual está relacionado con el vínculo contractual y contrato 
defectuoso; esta permite liberar a las partes del vínculo contractual o en reponer en 
discusión los efectos del contrato.  
El remedio contractual es un mecanismo ofrecido por la ley para emerger el defecto 
que tiene actualmente cierto contrato y poder establecer una cancelación o revisar 
los efectos contractuales. 
Dentro de los remedios contractuales encontramos los remedios extintivos, teniendo 
como objetivo la cancelación de los efectos del contrato, pudiendo llegar a disolver 
el vínculo contractual sin que exista efecto del contrato. (Nulidad, anulación 
resolución y rescisión). 
Según Ropo la resolución no siempre es la figura del remedio, por contar con una 
lógica distinta de la exigencia de dar a una parte la posibilidad de liberarse del 
vínculo contractual; y, esto puede ser a la actuación de un punto del programa 
contractual por las partes. Sin embargo, la resolución será la figura del remedio 
cuando las circunstancias determinan un mal funcionamiento del contrato en la cual 
se perjudica solo una parte (Vega Espinoza, 2018: p. 77 y ss). 
Para el derecho alemán la resolución por incumplimiento en virtud a la intimación 
cuando se trata de una declaración que va dirigida a la otra parte de que el contrato 
concluido con eficacia plena debe considerarse como no concluido; considerando a 
la resolución un remedio para el incumplimiento del contrato, extinguiendo los 
efectos y la relación contractual entre ambas partes contratantes.  
37 
 
CAPÍTULO III 
MARCO METODOLOGICO 
 
3.1. MATERIALES 
 
 Legislación – Normatividad Civil (Código Civil y Procesal Civil) 
 Doctrina Nacional y Comparada relativa al proceso civil. 
 Jurisprudencia procesal civil. 
 
 
3.2. METODOS 
Para la presente investigación se emplearán los siguientes métodos: 
 
MÉTODO ANALITICO:  
Permite analizar toda la información que se ha obtenido de la legislación, 
doctrina y jurisprudencia en lo referente a la problemática. 
MÉTODO DEDUCTIVO 
Nos permitió a partir de la información obtenida de los materiales de estudio 
(general), poder arribar a las conclusiones (particular). 
EXEGÉTICO: 
El Método exegético es el estudio de las normas jurídicas artículo por 
artículo, dentro de éstos, palabra por palabra buscando el origen etimológico 
de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar 
el significado que le dio el legislador. 
DOGMÁTICO: 
Es la aplicación de la lógica formal a los casos de derecho o resolver los 
casos de derecho. Mediante este método se adentra el investigador al 
estudio en investigación de la doctrina con la finalidad de realizar 
abstracciones y construcciones cognitivas correctamente estructuradas. 
 
 
38 
 
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 
 
3.1. TÉCNICAS: 
 
técnica de investigación es “el procedimiento o forma particular de 
obtener datos o información” (ARIAS, 2012, p. 67). En ese sentido, para 
la presente investigación contamos con las siguientes técnicas de 
investigación:  
 
 
3.1.1. FICHAJE: 
El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada 
en investigación científica; consiste en registrar los datos que se van 
obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, 
debidamente elaboradas y ordenadas, contienen la mayor parte de 
información que se recopila en una investigación por lo cual constituye 
un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorrar mucho tiempo, espacio y 
dinero. 
 
3.1.2. OBSERVACIÓN:  
Es uno de los primeros métodos científicos utilizados en la investigación 
y se utiliza para la obtención de información primaria acerca de los 
objetos investigados o para la comprobación empírica de las hipótesis. 
(ARTILES ET AL, 2012, p. 227). 
 
3.1.3. ANÁLISIS DE CONTENIDO: 
El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como 
instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la 
lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, 
debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. 
 
39 
 
3.2. INSTRUMENTOS:  
Un instrumento de recolección de datos es “cualquier recurso de que se 
vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 
información” (SABINO, 1992, p. 157). En ese orden de ideas, los 
instrumentos de investigación que se emplearon fueron los siguientes:  
 
 
3.2.1. FICHA 
La ficha de lectura es un instrumento que sirve para organizar la 
información tomada de un texto y para recoger datos importantes acerca 
de lo que se lee. 
 
3.2.2. GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Se empleó la guía de observación, documento en el cual se procederá 
a recabar toda la información pertinente para la investigación. 
 
 
3.2.3. GUÍA DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 
Se empleó la guía de análisis de documentos, con el cual se busca 
recabar la información valorativa sobre los documentos especializados 
relacionados con el objeto motivo de investigación.  
 
3.4. PROCEDIMIENTOS 
 
3.4.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Durante la elaboración del trabajo de investigación, se empleó las 
técnicas precitadas en el apartado anterior. Debemos indicar que el 
empleo de dichas técnicas, se emplearon en base a la economía de 
tiempo y esfuerzo. Las técnicas antes indicadas han sido elegidas en 
base a los métodos precitados anteriormente. 
 
40 
 
3.4.2. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO 
En el desarrollo del análisis de contenido, se empleó diversos textos 
especializados. Para ello, se acudió a las principales bibliotecas 
especializadas de Derecho de la ciudad de Trujillo. 
Del mismo modo, también se visitó páginas de internet para acceder a 
las diversas páginas web. 
 
3.4.3. PROCEDIMIENTO DE LAS FICHAS DE INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
En el desarrollo de la investigación, se empleó las fichas bibliográficas; 
con el propósito de llevar un registro ordenado de los principales textos 
especializados relativos a la investigación. En dichas fichas se 
consignaron los datos principales del texto obtenido como son: título de 
la obra, nombre del autor, año de edición, editorial y lugar de edición. 
 
3.4.4. PROCEDIMIENTO DE DATOS 
La información recabada tanto de las principales páginas web así como 
de las principales bibliotecas especializadas de Derecho de la ciudad de 
Trujillo; se seleccionaron y ordenaron a fin de quedarnos con la 
información más relevante. Posteriormente a ello, se vació la 
información obtenida ya sea en los principales apartados del marco 
teórico o de ser el caso en el análisis de resultados. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
41 
 
CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 El decurso prescriptorio está conformada por el espacio de tiempo que de 
manera continuada o acumulada debe transcurrir para que pueda 
oponerse de manera exitosa la prescripción extintiva, en nuestro sistema 
jurídico civil, este espacio de tiempo se encuentra regulado, de manera 
genérica en el artículo 2001 del código civil sustantivo.  
 La seguridad jurídica es esencial en el Derecho puesto que ayuda a 
mantener el orden público y la paz en sociedad, así mismo, esta va a 
permitir establecer cuál es el límite, las facultades y derechos que posee 
los poderes públicos, toda vez que tiene como unos de sus principales 
fines la búsqueda de un ordenamiento justo y por ende su adecuado 
funcionamiento. 
  Es gracias a la seguridad jurídica que lo sujetos de derecho no están 
condenadas a permanecer eternamente en una situación de ansiedad e 
incertidumbre, pensando que en cualquier momento el estado, a través 
de su poder punitivo pueda recaer sobre ellos; antes bien, por la 
prescripción extintiva el Estado ve autolimitado su poder de coerción y 
condena.  
 La fórmula legal contenida en el artículo 1993 del código civil, resulta ser 
una norma muy abstracta, genérica y poco esclarecedora, la misma que 
acarrea confusión y diversidad de interpretaciones, lo que a su vez trae 
consigo una situación de incertidumbre, pues, al no contar con una 
fórmula clara, no se podrá determinar con exactitud el inicio del decurso 
prescriptorio, con lo que no se podrá determinar objetivamente el 
momento en que la pretensión ha prescrito. 
 El artículo 1993 resulta ser una norma bastante abierta y genérica, la 
misma que no nos señala límites iniciales claros a efectos de determinar 
el inicio del decurso prescriptorio en mucha de las pretensiones, entre 
42 
 
ellas la de resolución de contrato por incumplimiento, lo que genera una 
sensación de incertidumbre; es decir, acarrea inseguridad jurídica, tanto 
para los justiciables que la invocan vía una excepción procesal, como 
para los que se esfuerzan por rebatir el pedido del excepcionante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
RECOMENDACIONES 
 Resulta difícil tratar de regular normativamente de forma expresa todos 
los supuestos de inicio de decurso prescriptorio; por ello y para poder 
determinar este con meridiana claridad en la pretensión de resolución de 
contrato por incumplimiento, el juzgador debe analizar detalladamente el 
caso particular; pues, será él quien tendrá la difícil tarea de analizar en 
cada caso , entre otros aspectos, el tipo de acto jurídico contenido en el 
contrato, para poder percatarse del tipo o clase de las prestaciones 
contenidas en él; pues el plazo prescriptorio estará en función a si las 
pretensiones es de ejecución continuada o ejecución instantánea; ahora, 
de ello dependerá determinar también la exigibilidad de tales prestaciones 
(otro asunto a analizar); pues, no es lo mismo un contrato sujeto a alguna 
modalidad del acto jurídico que otro que no contenga ninguna de estas 
modalidades; por otro lado, otro aspecto a tener en cuenta es la 
legitimidad del demandante quien solicita la resolución; pues no estará en 
la misma posibilidad de pedir la nulidad alguna de las partes celebrantes, 
que un tercero ajeno a la relación contractual que recién conoce de la 
existencia de aquel, cuando ha sufrido alguno de los efectos del pacto 
contractual; finalmente, hay que tomar en cuenta la formalidad de la 
celebración del contrato, ello para poder determinar saber si el el plazo 
empieza a correr  o desde la suscripción de la minuta, la escritura pública 
o la inscripción registral; si fuera el caso. 
 
 
 
 
 
 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Piura: MARGUE IMP. 
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Buenos Aires: Perrot. 
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contravención al orden público y a las buenas costumbres: “Negocios 
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45 
 
 RIMASCCA HUARACCA, Ángel (2018): La determinación del inicio del plazo 
prescriptorio: dudas e inconsistencias. En: Actualidad Civil, N°45, agosto. 
Lima.  
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 VIDAL RAMIREZ, F. Prescripción Extintiva y Caducidad. Lima. Gaceta 
Jurídica Editores, 1996.  
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