La suspensión de la ejecución de la pena en los delitos contra la administración pública: vulneración de la autonomía del poder judicial y la proporcionalidad penal

Abstract

A lo largo de la realización de la tesis de investigación se ha cuestionado las reformas sucesivas que ha experimentado el artículo 57 del Código Penal peruano que ha establecidos prohibiciones con respecto a los supuestos de procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad, en los casos de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, tales como: peculado, colusión agravada, entre otros, bajo la premisa argumentativa que es necesario que legislativamente se creen mecanismos que sirvan para evitar la corrupción de los funcionarios y los servidores; esa pretendida excusa jurídica que ha señalado el legislador, más parece una muestra más de un derecho penal simbólico que da un matiz de falsa tranquilidad a la población; sin embargo, a la largo de la investigación se ha sometido esta regulación a la revisión mediante la lupa del derecho constitucional, y se ha plasmado y comprobado la hipótesis que esta regulación lejos de prevenir y combatir los altos índices de delitos contra la administración pública, afecta el principio de autonomía del poder judicial por el cual quien debe determinar la pena a imponer y su forma de ejecución es el juez y no a partir de un constreñimiento legal, además de ello no es coherente con un sistema democrático que ante delitos más graves si se pueda suspender la pena, con lo cual se estableció, en la investigación que eso trastoca el principio de proporcionalidad penal. En ese contexto se elaboró el enunciado del problema, luego los objetivos se señalaron en el sentido de determinar que la autonomía del poder judicial y también la proporcionalidad penal se afectan con la regulación de la prohibición de suspensión de la pena en los casos de algunos delitos contra la administración pública, con la metodología empleada se logró comprobar la hipótesis inicialmente planteada.

Throughout the completion of the research thesis, the successive reforms that article 57 of the Peruvian Penal Code has undergone have been questioned, which has established prohibitions with respect to the assumptions of origin of the suspension of the execution of the custodial sentence. freedom, in cases of crimes against the public administration committed by public officials, such as: embezzlement, aggravated collusion, among others, under the argumentative premise that it is necessary that legislative mechanisms be created that serve to prevent corruption of officials and servers; that alleged legal excuse that the legislator has pointed out, seems more like another example of a symbolic criminal law that gives a nuance of false tranquility to the population; However, throughout the investigation, this regulation has been subjected to review through the magnifying glass of constitutional law, and the hypothesis that this regulation, far from preventing and combating the high rates of crimes against the public administration, has been established and verified. it affects the principle of autonomy of the judiciary by which the person who must determine the sentence to be imposed and its form of execution is the judge and not based on legal constraint, in addition to this it is not consistent with a democratic system that in the case of more serious crimes if the sentence can be suspended, with which it was established, in the investigation, that this upsets the principle of penal proportionality. In this context, the statement of the problem was elaborated, then the objectives were pointed out in the sense of determining that the autonomy of the judiciary and also penal proportionality are affected by the regulation of the prohibition of suspension of the sentence in the cases of some crimes. against the public administration, with the methodology used it was possible to verify the hypothesis initially proposed.