Efectos de las sentencias interlocutorias denegatorias respecto del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Abstract

En la actualidad es importante sostener que los derechos fundamentales de la persona humana constituyen la piedra angular de nuestro marco constitucional; por eso, no solamente son los cimientos de este, sino también sobre las que se sostiene nuestra institucionalidad democrática. Por eso, la Constitución otorga a los derechos fundamentales y demás bienes constitucionales, la fuerza normativa que irradia nuestro ordenamiento jurídico, vinculando a poderes públicos y privados, directa e indirectamente a través de los procesos constitucionales. De hecho, la Constitución consagra como un principio-derecho fundamental al debido proceso que garantiza un proceso justo, y dentro de este se encuentra el derecho a un plazo razonable, que está íntimamente ligado con el problema de la sobrecarga procesal y con la necesidad de una tutela oportuna del contenido esencial constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Carta Magna y última instancia en la protección de derechos fundamentales, ha desplegado sus máximos esfuerzos por evitar que la sobrecarga procesal generada por diversos factores impida la atención celera a los casos cuya vulneración es real y urgente; para ello se expidió el precedente vinculante contenido en el Expediente N° 009872014-PA/TC, sobre sentencias nterlocutorias denegatorias.

Bajo esta premisa, el presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar si la aplicación de dicho precedente tiene un efecto restrictivo del derecho de tutela jurisdiccional efectiva.

Nowadays it is important to declare that the fundamental rights of the human person constitute the cornerstone of our constitutional framework; therefore, not only they are the foundations of this, but also on which our democratic institutionality is sustained. For this reason, the Constitution grants fundamental rights and other constitutional goods, the normative force that radiates our legal system, linking public and private powers, directly and indirectly through constitutional processes. In fact, the Constitution enshrines as a fundamental principle-right for the process that guarantees a fair process, and within this is the right to a reasonable time, which is intimately connected with the problem of procedural overload and with the need to a timely protection of the essential constitutional content of a fundamental right. Therefore, the Constitutional Court, as the maximum interpreter of the Magna Carta and last instance in the protection of fundamental rights, has exerted its maximum efforts to avoid that the procedural overload generated by diverse factors prevented the clear attention to the cases with real and urgent violations; for this purpose, the binding precedent contained in File No. 00987-2014-PA / TC, on interlocutory denial sentences, was issued. Under this premise, the purpose of this research was to determine whether the application of this precedent has a restrictive effect on the right to effective judicial protection.