Reemplazo de juez de investigación preparatoria ante la rectificación del requerimiento de sobreseimiento por parte del Fiscal Superior

Abstract

Esta investigación abordó el reemplazo del juez de investigación preparatoria cuando el fiscal superior rectificó el requerimiento de sobreseimiento. El estudio se centró en la necesidad de regular este reemplazo desde un enfoque jurídico, considerando que el derecho a un juicio justo exige un control adecuado del nuevo requerimiento acusatorio. El objetivo principal fue determinar las razones jurídicas que justifican la regulación de dicho reemplazo. Para ello, se analizaron los procedimientos vinculados al sobreseimiento, la importancia del rol del juez de investigación y se comparó el tratamiento jurídico en otros países como Costa Rica y Paraguay. Además, se propuso una reforma normativa al artículo 345 del Código Procesal Penal que establezca las bases para un reemplazo adecuado del juez de investigación. La investigación utilizó un diseño cualitativo, apoyado en la lectura crítica, el análisis documental, y entrevistas a jueces de investigación. Se emplearon métodos lógicos y jurídicos, como el deductivo e histórico, para comprender la importancia y el impacto del reemplazo del juez en la administración de justicia. Es importante también resaltar que el Código Procesal Penal introdujo cambios significativos en el sistema procesal, transformándolo de un sistema inquisitivo, donde el juez concentraba las funciones de investigación y resolución, a un sistema acusatorio con una clara división de roles. En este nuevo proceso, la investigación preparatoria está a cargo del fiscal, mientras que el juez de investigación preparatoria controla las decisiones de sobreseimiento o acusación. No obstante, cuando un fiscal superior rectifica un requerimiento de sobreseimiento, se presenta un problema en la imparcialidad del juez que ya ha valorado los elementos de convicción, lo que podría comprometer la igualdad de armas y el derecho a una defensa justa del imputado. Por último, los resultados señalaron la necesidad de una reforma que garantice la objetividad y la protección de los derechos fundamentales en los procesos penales, evitando contradicciones con los principios constitucionales y los tratados internacionales

This research addressed the replacement of the preparatory investigation judge when the superior prosecutor rectified the dismissal request. The study focused on the need to regulate this replacement from a legal approach, considering that the right to a fair trial requires adequate control of the new indictment. The main objective was to determine the legal reasons that justify the regulation of this replacement. To this end, the procedures related to dismissal were analyzed, the importance of the role of the investigating judge was analyzed and the legal treatment in other countries such as Costa Rica and Paraguay was compared. In addition, a normative reform of article 345 of the Code of Criminal Procedure was proposed to establish the basis for an adequate replacement of the investigating judge. The research used a qualitative design, supported by critical reading, documentary analysis, and interviews with investigative judges. Logical and legal methods, such as deductive and historical, were used to understand the importance and impact of the replacement of the judge in the administration of justice. It is also important to highlight that the Code of Criminal Procedure introduced significant changes in the procedural system, transforming it from an inquisitorial system, where the judge concentrated the functions of investigation and resolution, to an accusatorial system with a clear division of roles. In this new process, the prosecutor is in charge of the preparatory investigation, while the preparatory investigation judge controls the decisions of dismissal or indictment. However, when a superior prosecutor rectifies a request for dismissal, there is a problem with the impartiality of the judge who has already assessed the elements of conviction, which could compromise the equality of arms and the right to a fair defense of the accused. Finally, the results indicated the need for a reform that guarantees objectivity and the protection of fundamental rights in criminal proceedings, avoiding contradictions with constitutional principles and international treaties