Fundamentos jurídicos para la no detención del procesado hasta la realización de la audiencia de incoación del proceso inmediato

Abstract

En el Código Procesal Penal no solo se recoge el proceso matriz que como regla debe aplicarse en la sustanciación de casos penales, sino que también contiene procesos especiales, dentro de los cuales destaca el proceso especial inmediato; este constituye un mecanismo de simplificación procesal que permite que el caso, luego de que se declare la procedencia del proceso inmediato por las causales que la ley señala, arribe al juzgamiento o juicio oral, donde se decidirá la inocencia o la culpabilidad del o de los procesados; sin embargo, este proceso penal de carácter especial, ha recibido una serie de cuestionamientos dentro de los que destacan aquella norma que señala que se debe mantener la detención del imputado hasta que se realice la audiencia de incoación de proceso inmediato, la misma que se puede realizar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas desde que el sujeto detenido es puesto a disposición del juzgado, norma que atenta contra el derecho a la libertad de la persona, pues no existe justificación alguna ni razón suficiente para mantener aquella detención, salvo que se solicite la prisión preventiva, en cuyo caso, tal y como sucede en el proceso común inevitablemente, es necesario mantener la situación del procesado como detenido; en ese sentido, se trabajó durante esta investigación para comprobar la hipótesis planteada a partir del uso del método doctrinario, además de la utilización del método sistemático para la interpretación de las normas del proceso especial con el proceso común en cuanto a la detención cuando no se solicita la medida de coerción de prisión preventiva, además de ello, como técnica se utilizó el fichaje para la recopilación de la información y el análisis documental por el cual se extrajo la información de la jurisprudencia que fue útil para determinar que, en efecto, la detención únicamente debe mantenerse cuando la fiscalía ha requerido la imposición de la medida de coerción de prisión preventiva. De este modo se llegó a arribar a conclusiones que fortalecen la postura académica defendida en la presente investigación, proponiendo además una reforma legal al respecto.

The Criminal Procedure Code not only contains the main process that must be applied as a rule in the substantiation of criminal cases, but also contains special processes, among which the immediate special process stands out; this constitutes a procedural simplification mechanism that allows the case, after the admissibility of the immediate process is declared for the reasons indicated by law, to reach trial or oral hearing, where the innocence or guilt of the accused will be decided; However, this special criminal process has received a series of questions, among which the following stand out: the rule that states that the accused must be kept in custody until the hearing to initiate immediate proceedings is held, which can be held within forty-eight hours from when the detained person is brought before the court, a rule that violates the person's right to freedom, since there is no justification or sufficient reason to maintain that detention, unless preventive detention is requested, in which case, as inevitably happens in ordinary proceedings, it is necessary to maintain the defendant's status as a detainee; In this sense, work was carried out during this investigation to verify the hypothesis raised from the use of the doctrinal method, in addition to the use of the systematic method for the interpretation of the rules of the special process with the common process regarding detention when the coercive measure of preventive detention is not requested. In addition, as a technique, the registration was used for the collection of information and the documentary analysis by which the information was extracted from the jurisprudence that was useful to determine that, in effect, the detention should only be maintained when the prosecution has requested the imposition of the coercive measure of preventive detention. In this way, conclusions were reached that strengthen the academic position defended in this investigation, also proposing a legal reform in this regard