El decomiso e incautación. Requerimiento de su aplicación en las investigaciones por el delito de colusión en la Fiscalía Anticorrupción del Santa periodo 2017 - 2018

Abstract

La presente investigación de maestría se realiza con el propósito de obtener el grado de Maestro en derecho penal, y se orienta a determinar la manera en que se viene requiriendo la aplicación de las medidas de decomiso e incautación en las investigaciones por el delito de colusión a nivel del Distrito Fiscal del Santa. El contexto típico en que se desarrolla el delito de colusión, la contratación estatal, es un ámbito en que existe gran disposición de dinero por parte del Estado destinado a la satisfacción de finalidades públicas. El dinero que rodea a la contratación pública constituye un gran aliciente para la comisión de este delito. Los que intervienen en su comisión esperan obtener la mayor cantidad de réditos económicos, lo que podría explicar por qué la colusión es un tipo penal de recurrente comisión en la administración pública. La obtención de beneficios patrimoniales, a través del delito colusión, es un factor que no podemos dejar de tener en cuenta, ya que es el móvil que guía al agente para la comisión del mismo, por lo que el ordenamiento jurídico debe de brindar una respuesta jurídica frente a dicha situación. El decomiso constituye una herramienta eficaz de lucha contra la delincuencia que se mueve esencialmente por el afán de lucro (la colusión lo es); va a impedir en efecto, que estos puedan utilizarse para financiar otras actividades ilícitas y establecer la existencia de patrimonios criminales, denotando un mensaje que el delito no resulta provechoso. El decomiso es una consecuencia jurídica orientada a privar al agente del producto del delito, por lo que cualquier provecho económico que se obtenga a partir de aquel será privado y trasladado al dominio del Estado. Para la aplicación del decomiso el Ministerio Público cumple una función preponderante, ya que será dicho órgano quien durante la investigación llevará a cabo todas las acciones tendientes a identificar y asegurar los bienes que serán materia de decomiso y una vez finalizada la investigación requerirá al Juez la aplicación de esta medida, quien finalmente decidirá si es viable o no su imposición

This master's degree investigation is carried out with the purpose of obtaining a Master's degree in criminal law, and is aimed at determining the way in which the application of confiscation and seizure measures has been required in investigations for the crime of collusion at the level of the Fiscal District of Santa. The typical context in which the crime of collusion takes place, state contracting, is an area in which there is a large availability of money by the State for the satisfaction of public purposes. The large amount of money surrounding public procurement constitutes a great incentive for the commission of this crime. Those who intervene in its commission hope to obtain the greatest amount of economic revenue at the expense of crime, which could explain why collusion is a criminal type of recurring commission in the public administration. Obtaining capital benefits through collusion crime is a factor that we cannot fail to take into account, since it is the motive that guides the agent to commit it, so the legal system must provide a legal response against to that situation. Confiscation is an effective tool to fight crime, which is essentially driven by profit motives (collusion is); it is going to prevent, in fact, that these can be used to finance other illegal activities and establish the existence of criminal assets, denoting a message that the crime is not profitable. Confiscation is a legal consequence aimed at depriving the agent of the proceeds of crime, so any economic benefit obtained from it will be private and transferred to the domain of the State. For the application of the confiscation, the Public Ministry fulfills a preponderant function, since it will be said body, who during the investigation will carry out all the actions aimed at identifying and securing the assets that will be the subject of confiscation and once the investigation is completed will require the Judge to application of this measure, who will finally decide whether or not its imposition is feasible.