Las disposiciones constitucionales vigentes sobre inmunidades de los altos funcionarios peruanos y su capacidad de generar que el Estado peruano viole su obligación de cooperación con la Corte Penal Internacional

Abstract

La presente investigación persigue determinar un potencial conflicto jurídico entre el artículo 27 del Estatuto de Roma, que regula la improcedencia del cargo oficial y de las inmunidades de los funcionarios estatales implicados en la comisión de crímenes internacionales, y las disposiciones constitucionales sobre inmunidades de los altos funcionarios peruanos (inmunidad presidencial e inmunidad parlamentaria), que se daría en el marco de la cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Estado peruano, conforme a la obligación del artículo 86 del Estatuto en mención. Para esos efectos, se analiza el acervo normativo de la CPI, así como la práctica de dicha institución en el procesamiento de altos funcionarios que gozaban de inmunidades en el momento en que la Corte pidió la cooperación los Estados. Subsecuentemente, se examinan los alcances de la obligación de cooperación y de la necesidad de implementación del Estatuto en los ordenamientos internos, a fin de garantizar el cumplimiento de esa obligación. Para ello, se revisan comparadamente la práctica de diversos Estados Partes en torno a la implementación, que implicó la realización de juicios de compatibilidad constitucional. Además, se analizará el caso peruano, que, hasta la fecha, no esbozó, en nuestra opinión, un correcto juicio de compatibilidad constitucional del Estatuto, lo cual implicaría que, cuando la Corte requiera la cooperación del Perú en algún acto que verse sobre algún alto funcionario peruano premunido con inmunidad, nuestras autoridades se rijan preferentemente por las disposiciones de la Constitución, generando una violación a nuestra obligación de cooperar con la Corte, al no entregar, detener o extraditar al funcionario requerido. Finalmente, se propondrá un mecanismo eficiente que podría resolver este potencial conflicto jurídico, y que implicará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y/o una reforma constitucional.

This investigation seeks to determine a potential legal conflict between article 27 of the Rome Statute, which regulates the inadmissibility of the official position and the immunities of state officials involved in the commission of international crimes, and the constitutional provisions on immunities of senior citizens. Peruvian officials (presidential immunity and parliamentary immunity), which would be given in the area of cooperation between the International Criminal Court and the Peruvian State, in accordance with the obligation of article 86 of the Statute in question. For this purpose, the legal heritage of the ICC is analyzed, as well as the practice of said institution in the prosecution of senior officials who enjoyed immunities at the time the Court requested the cooperation of the State. In addition, the scope of the obligation to cooperate and the need to implement the Statute in internal legal systems are examined, in order to guarantee compliance with that obligation. To this end, the practice of various States Parties regarding implementation, which involved carrying out constitutional compatibility judgments, is comparatively reviewed. In addition, the Peruvian case will be analyzed, which, to date, has not outlined, in our opinion, a correct judgment of constitutional compatibility of the Statute, which would imply that, when the Court requires the cooperation of Peru in an act to deal with any Peruvian senior official with immunity, our authorities are preferably governed by the provisions of the Constitution, generating a violation of our obligation to cooperate with the Court, by not delivering, detaining or extraditing the required official. Finally, an efficient mechanism will be proposed that could resolve this potential legal conflict, and that will involve a ruling by the Constitutional Court and / or a constitutional reform