Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://hdl.handle.net/20.500.12759/8447
Título : La vulneración del debido proceso y la autonomía del Ministerio Publico con la desvinculación judicial de la acusación
Autor : Perez Toro, Jorge Marcelino
Asesor: Casteñada Ferradas, Carlos Alberto
Palabras clave : Autonomía
Debido proceso
Desvinculación judicial
Acusación
Congruencia
Fecha de publicación : 2021
Institución : Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO
No. de serie: M_DERE_153
Resumen : El propósito de esta investigación de maestría, se orienta a establecer como la desvinculación judicial de la pretensión penal, afecta las garantías procesales, entre ellas la autonomía y facultad del pretensor penal, en el (NCPP) El numeral uno del artículo 374, del (NCPP), regula, la desvinculación, en los siguientes términos, en el trámite del juzgamiento, antes de la conclusión de la actuación, de pruebas, el juez advierte la eventualidad, de una calificación legal de los hechos, materia de actuación, que no ha sido tomado en cuenta por el persecutor penal, debería poner en conocimiento, a Este y al acusado, sobre esa eventualidad. Las partes, expondrán sobre el asunto, observado por el juez penal unipersonal o Colegiado, y en su caso propondrán la prueba útil que corresponda. Si alguna de las partes pone en conocimiento que no está preparada, para realizar su pronunciamiento, el juez penal suspenderá, el debate hasta por cinco días, a fin de que se exponga lo conveniente. Sobre lo anotado la antes citada figura procesal, afecta el debido proceso, no solo porque el juzgador está legitimado para realizar, la actividad que le atañe al Ministerio Publico como es formular la pretensión acusatoria, sino el estadio en la cual se aplica, sin tener en cuenta las etapas que tiene el proceso penal, promulgado por decreto legislativo novecientos cincuentaisiete, donde en la etapa de investigación preparatoria, el Ministerio Publico es el director encargado de conducir la investigación preparatoria, dispone las diligencias de investigación necesaria para recopilar elementos de convicción, ya sea con el fin de acusar o pedir el sobreseimiento, y por su parte la defensa de los demás sujetos procesales en un ejercicio del derecho de defensa y amparado en lo previsto en el inciso 4, del artículo 337 del NCPP, puede solicitar al Ministerio Publico, diligencias, actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Vencida la etapa de investigación preparatoria el Fiscal, amparado en el numeral uno del artículo trescientos cuarenta y cuatro, puede formular acusación si tiene base suficiente de lo contrario tendrá que recurrir a formular el sobreseimiento, facultad que lo ejerce amparado en el numeral dos de la citada norma procesal. En la etapa intermedia la cual es dirigida por el juez de investigación preparatoria, en caso de requerirse acusación, Este, programara audiencia para control su admisibilidad donde se verificara que el Ministerio Publico cumpla con los presupuestos del artículo 349, del código Adjetivo penal, por su parte las demás partes procesales podrán observar la acusación, ya sea en el aspecto formular o sustancial, proponiendo medios de defensa, con el fin de buscar que se concluya en esa etapa el proceso penal, también ofertaran prueba para un posible juicio oral, de aprobarse el requerimiento acusatorio, el juez penal de investigación preparatoria, emitirá el auto de enjuiciamiento, correspondiente, teniendo como fundamento el artículo 353 del NCPP, el mismo que contendrá, datos del acusado, agraviado, la tipificación penal de los hechos acusados, se precisara las pruebas admitidas, etc., con la resolución del auto de enjuiciamiento concluye la segunda etapa del proceso penal, remitiéndose los actuados al juez de juzgamiento, para la continuación del trámite del proceso penal. El juzgamiento, considerado la etapa más importante, que se realiza, teniendo como horizonte o guía, la acusación, de acuerdo al artículo trescientos cincuenta y seis, con la observancia de las garantías del debido proceso, reconocidas en la Constitución y normas supranacionales, del cual nuestro país es parte, en el trámite del juicio será de aplicación obligatoria, la oralidad, la publicidad, inmediación, contradicción, en la actuación probatoria. Es decir él es medio sobre el cual se va llevar a cabo el juzgamiento, la misma que ha sido controlada, en una audiencia de etapa intermedia por un Juez Penal, el mismo también conoce el derecho, esta etapa que considero es la idónea para observar alguna cuestión que haya omitido el Ministerio público, sin embargo aplicar la desvinculación judicial conforme al numeral 1 del artículo 374 del NCPP, es efectivamente una afectación a las garantías del proceso, con incidencia al derecho de defensa toda vez que la defensa deber ser preparada en forma oportuna, conforme lo exige el articulo decimo del Título Preliminar del NCPP, toda vez que las partes asumen una posición respecto a la imputación en su contra preparando una estrategia, para afrontar el proceso penal, sin embargo aplicar la antes citada norma jurídica a las postrimerías de concluir el proceso, lo que considero, que no se vincula con el respeto y la tutela del debido proceso en su vertiente el derecho de defensa y el derecho a la prueba. Considero que la norma cuestionada debe ser excluida del ordenamiento adjetivo penal, caso contrario establecer que la desvinculación de la acusación fiscal sea realizada por el Juez de Investigación Preparatoria, a fin de dotarle al nuevo proceso penal las garantías de ir a juzgamiento con una acusación debidamente saneada, donde se puede asumir un juicio con la certeza que los parámetros de control aprobados en la audiencia de saneamiento procesal o etapa intermedia, son las verdaderas bases para el debate de juicio oral, sino estaríamos frente a una decisión, que tomaría el juez de juicio, en desventaja tanto de Ministerio Publico y con mayor dureza para el acusado, porque recibirá una sanción para la cual no fue advertida en las etapas anteriores al juicio oral. Efectivamente a partir del cuestionamiento a la norma antes citada no es pretender buscar la impunidad, sino el respete el debido proceso, toda vez que el espíritu del proceso penal, que cada parte legitimada ejerza su función con roles delimitados, por lo que de seguir aplicándose esta norma estaríamos retrocediendo, al antiguo modelo procesal decreto legislativo 124 y el Código de Procedimientos penales, ley 9040. Es claramente conocido que el Juez conoce la legislación y está en la obligación de aplicar la norma que corresponde, sino que tal control debe realizarse en un estadio, que permita a las partes asumir una efectiva defensa, asumir un juicio oral con la pretensión de las partes debidamente delimitada, e, incluso someterse al principio de conclusión anticipada.
The purpose of this master's research is aimed at establishing how the judicial disengagement from the criminal claim affects the procedural guarantees, including the autonomy and power of the criminal claim, in the (NCPP). Numeral one of article 374, of the (NCPP), regulates, the separation, in the following terms, in the process of the trial, before the conclusion of the action, of evidence, the judge warns of the eventuality, of a legal qualification of the facts, the subject of action, which has not been taken into account by the criminal prosecutor, should inform the latter and the accused of this eventuality. The parties will present on the matter, observed by the unipersonal or collegiate criminal judge, and where appropriate they will propose the corresponding useful evidence. If any of the parties informs that it is not prepared, to make its pronouncement, the criminal judge will suspend the debate for up to five days, in order to expose what is convenient. Regarding the aforementioned procedural figure, it affects due process, not only because the judge is entitled to carry out, the activity that concerns the Public Ministry, such as formulating the accusatory claim, but the stage in which it is applied, without having taking into account the stages of the criminal process, promulgated by legislative decree nine hundred and fifty-seven, where in the preparatory investigation stage, the Public Ministry is the director in charge of conducting the preparatory investigation, arranges the necessary investigation procedures to collect elements of conviction, either in order to accuse or request the dismissal, and for their part, the defense of the other procedural subjects in an exercise of the right of defense and protected by the provisions of paragraph 4, article 337 of the NCPP, you can request the Ministry Public, proceedings, investigation acts to clarify the facts. Once the preparatory investigation stage has expired, the Prosecutor, covered by number one of article three hundred and forty-four, can file an accusation if he has sufficient basis, otherwise he will have to resort to formulate the dismissal, a power that is exercised under number two of the cited procedural rule. In the intermediate stage which is directed by the preparatory investigation judge, if an accusation is required, the latter will schedule a hearing to control its admissibility where it will be verified that the Public Ministry complies with the requirements of article 349, of the Criminal Adjective code, for On their part, the other procedural parties may observe the accusation, whether in the formulaic or substantial aspect, proposing means of defense, in order to seek to conclude the criminal process at that stage, they will also offer evidence for a possible oral trial, of If the accusatory requirement is approved, the preparatory investigation criminal judge will issue the corresponding indictment, based on article 353 of the NCPP, which will contain data of the accused, aggrieved, the criminal classification of the accused facts, it will be specified the evidence admitted, etc., with the resolution of the indictment concludes the second stage of the criminal process, remitting the s acted to the trial judge, for the continuation of the criminal process. The trial, considered the most important stage, which is carried out, having as a horizon or guide, the accusation, according to article three hundred and fifty-six, with the observance of the guarantees of due process, recognized in the Constitution and supranational norms, of the to which our country is a party, orality, publicity, immediacy, contradiction, in the evidentiary action will be mandatory in the trial process. That is to say, he is the means on which the trial will be carried out, the same that has been controlled, in an intermediate stage hearing by a Criminal Judge, he also knows the law, this stage that I consider is the suitable to observe any issue that the Public Ministry has omitted, however applying the judicial separation according to numeral 1 of article 374 of the NCPP, is effectively an affectation to the guarantees of the process, with an impact on the right of defense since the defense must be prepared in a timely manner, as required by Article 10 of the Preliminary Title of the NCPP, since the parties assume a position regarding the accusation against them, preparing a strategy to face the criminal process, however apply the aforementioned rule legal law after the conclusion of the process, which I believe is not related to the respect and protection of due process in its aspect, the right of defense and the right to evidence. I consider that the challenged norm should be excluded from the criminal adjective, otherwise establish that the dissociation of the prosecution is carried out by the Preparatory Investigation Judge, in order to give the new criminal process the guarantees of going to trial with a duly accusation healthy, where a trial can be assumed with the certainty that the control parameters approved in the hearing on procedural reorganization or intermediate stage, are the true bases for the oral trial debate, otherwise we would be facing a decision, which would be made by the court judge. trial, to the disadvantage of both the Public Ministry and with greater harshness for the accused, because he will receive a sanction for which he was not warned in the stages prior to the oral trial. Indeed, from the questioning of the aforementioned norm, it is not to try to seek impunity, but to respect due process, since the spirit of the criminal process, that each legitimated party exercises its function with delimited roles, so to continue applying This rule would be going back to the old procedural model, legislative decree 124 and the Code of Criminal Procedures, Law 9040. It is clearly known that the Judge knows the legislation and is obliged to apply the corresponding rule, but that such control must be carried out in a stage that allows the parties to assume an effective defense, to undertake an oral trial with the claim of the parties duly delimited, and even to submit to the principle of early conclusion.
URI : https://hdl.handle.net/20.500.12759/8447
Aparece en las colecciones: Derecho con mención en Derecho Constitucional

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