La aplicación de acuerdos parciales de terminación anticipada en la etapa intermedia
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Fecha
2022Autor(es)
Acuña Arrascue, Isahel
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En la reforma del sistema procesal peruano, se introdujo en nuestro Código
Procesal la justicia penal negociada junto con diversos mecanismos de
simplificación procesal cuya finalidad principal es diversificar la respuesta procesal
penal del Estado frente a la comisión de hechos delictivos, logrando con ello una
tramitación eficaz y eficiente de los procesos y con ello reducir significativamente la
carga procesal, verificándose una clara tendencia al uso en los modelos acusatorios
(soluciones rápidas frente a la comisión de hechos delictivos), por esta razón, uno
de los objetivos del presente trabajo es el estudio de la presente investigación, en
la esfera teórica - práctica, es demostrar que la legalidad de la aplicación de
procesos especiales en la etapa de control preliminar esto es “LA APLICACIÓN
DE ACUERDOS PARCIALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA ETAPA
INTERMEDIA” verificando su correcta aplicación, en concordancia con las normas
y principios que inspiran la terminación anticipada en el Nuevo Código Procesal
Penal y la etapa de control de acusación efectuada por parte del Ministerio Público.
Por consiguiente, el examen minucioso de la normatividad y jurisprudencia,
aplicando el uso del método documental descriptivo, se observa que la hipótesis
planteada se contrasta con la realidad, referente a las consecuencias de su
inaplicación o aplicación en la etapa de intermedia del proceso común, llegando a
la conclusión, que la aplicación de acuerdos de terminación anticipada en la etapa
intermedia como un criterio de oportunidad se aplique como una solución a la carga
procesal que detentan la justicia penal ordinaria, en aplicación de los principios de
celeridad procesal y economía procesal, y con ello permitir que las partes
procesales, imputada o acusada, de acuerdo a su ubicación en la etapa procesal,
accedan a los beneficios procesales que la normatividad admite como tal,
permitiendo una descarga procesal en beneficio de los usuarios del sistema de
administración de justicia, la finalidad de la pena y reparación del daño causado a
la parte agraviada. In the reform of the Peruvian procedural system, negotiated criminal justice was
introduced into our Procedural Code along with various procedural simplification
mechanisms whose main purpose is to diversify the State's criminal procedural
response to the commission of criminal acts, there by achieving effective processing
and efficient processes and thus significantly reduce the procedural burden,
verifying a clear trend to use in accusatory models (quick solutions against the
commission of criminal acts), for this reason, one of the objectives of this work is the
study of the present investigation, in the theoretical - practical sphere, is to
demonstrate that the legality of the application of special processes in the
preliminary control stage, this is ““THE APPLICATION OF PARTIAL AGREEMENTS
OF ANTIPED TERMINATION IN THE INTERMEDIATE STAGE““ verifying its correct
application in accordance with the rules and principles that inspire early termination
given in the New Criminal Procedure Code and the stage of prosecution control
carried out by the Public Ministry.
Consequently, the detailed examination of the regulations and jurisprudence,
applying the use of the descriptive documentary method, it is observed that the
hypothesis raised is contrasted with reality, referring to the consequences of its non application or application in the intermediate stage of the common process, reaching
the conclusion that the application of early termination agreements in the
intermediate stage as a criterion of opportunity is applied as a solution to the
procedural burden of ordinary criminal justice, in application of the principles of
procedural speed and procedural economy, and with this allow the procedural
parties, accused or accused, according to their location in the procedural stage, to
access the procedural benefits that the regulations admit as such, allowing a
procedural discharge for the benefit of the users of the justice administration system
, the purpose of the penalty and reparation of the damage caused to the aggrieved
party
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